Protege Sala de Asuntos Indígenas derechos de pueblos originarios

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Protege Sala de Asuntos Indígenas derechos de pueblos originarios

En la revisión de casos, la Sala confirmó la libertad de un integrante de la comunidad otomí absolviendo la acusación de robo con violencia. Foto: Especial

Estado de México
14-11-2026
Redacción Agencia NVM
  • Durante la cuarta sesión itinerante en Lerma, magistrados ratificaron una absolución otomí y repusieron el juicio de una mujer mazahua sentenciada a 72 años. 

LERMA, Estado de México.— La Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México (PJMEX) realizó su cuarta sesión itinerante pública en el municipio de Lerma. En este encuentro, los magistrados analizaron y aprobaron por unanimidad dos resoluciones clave vinculadas a la presunción de inocencia, el derecho a una defensa adecuada y la perspectiva intercultural. 

En un mensaje en video, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Macedo García, destacó el trabajo de la Sala encabezada por la Magistrada Erika Icela Castillo Vega. Asimismo, resaltó la importancia de transparentar los debates procesales directamente en las comunidades para garantizar un acceso real a la justicia. 

Durante la jornada en el Foro Cultural Tiempo y Espacio Thaay, la Magistrada Castillo Vega enfatizó que las personas de pueblos originarios no deben renunciar a su lengua ni a su identidad para ser escuchadas. El evento contó con la presencia de Margarita Leonor Gopar Pérez, Presidenta de la Sala de Asuntos Indígenas de Oaxaca, así como de autoridades judiciales y locales. 

En la revisión de casos, la Sala confirmó la libertad de un integrante de la comunidad otomí absolviendo la acusación de robo con violencia. El tribunal determinó que los elementos de prueba presentados durante el proceso resultaron insuficientes para acreditar la responsabilidad penal del acusado. 

Asimismo, el pleno ordenó la reposición del procedimiento en el caso de una mujer mazahua de 60 años sentenciada originalmente a 72 años de prisión. Los magistrados advirtieron que la imputada careció de intérprete y de una defensa con conocimiento de su lengua, usos y costumbres, vulnerando sus derechos fundamentales.

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