Miguel Ángel Ramos
El próximo 1 de junio, México vivirá un proceso inédito: la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, tanto a nivel federal como en 19 entidades federativas, incluido el Estado de México. Un ejercicio, que busca democratizar la justicia, pero que ha generado un intenso debate sobre su viabilidad, eficacia y los riesgos que conlleva.
En el Estado de México adquiere matices particulares, con un padrón electoral de aproximadamente 13 millones de personas, que elegiremos 91 cargos locales, incluyendo jueces y magistrados, por los que compiten 410 personas.
Ese 1 de junio, los mexiquenses tendremos en nuestras manos 10 boletas de difentes colores, seis correspondientes a la elección federal y cuatro de la local. Y seguramente un mar de dudas para saber cómo proceder y a quién elegir.
Si para definir entre dos candidatas a la gubernatura o entre tres aspirantes a la Presidencia fue complicado, tanto para aspirantes, organizadores y electores, ahora no hay que imaginar lo que ya vivimos en el actual proceso.
Los mexiquenses elegiremos presidencia del Tribunal Superior de Justicia, 5 magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, 30 magistraturas de distrito y 55 jueces y juezas de distrito, que desde el 29 de abril se han lanzado a las calles como el borras en la aventura de hacer campaña, escenario inóspito para ellos.
El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) enfrenta desafíos logísticos significativos. La geografía electoral no coincide con la judicial, lo que complica la organización y distribución de casillas. Además, la falta de familiaridad de la ciudadanía con este tipo de elecciones y la ausencia de partidos políticos como intermediarios informativos dificultan la toma de decisiones informadas.
Para mitigar, el IEEM ha implementado el sistema "Conóceles", que proporciona información sobre los perfiles de los candidatos. Sin embargo, navegar ahí es de pronto complicado. Habría que imaginar a los electores que no están familiarizados con el uso de internet o quienes no tienen acceso o simplemente no utilizan la red; ni qué decir de los adultos mayores poco habituados a estas vías de información.
No es por amarrar navajas, pero esa misma sección en la página del Instituto Nacional Electoral es mucho más clara, intuititva y al final más eficiente. Empero, la efectividad de estas medidas dependerá de la participación de la gente, porque otra de las barreras es una campaña limitada a redes sociales, sin pauta, las apariciones en medios de comunicación y al volanteo.
En ese mar, candidatas y candidatos navegan en muchos casos de manera intuitiva, en otros se nota la mano de los genios de la comunicación dictándoles cómo ser los meros chipocludos, humanos y cercanos al pueblo.
Al final, este intento por democratizar la justicia, parece y solo parece, decantará en quienes mejores nexos tengan con estructuras partidistas para posicionar aspirantes y movilizar electores. O tal vez quede en un De tin marín de do pinjuez.