Exigen regular sin frenar la economía de las viviendas turísticas
El organismo señaló que limitar la ocupación al 50% de las noches al año no soluciona el problema de la vivienda. Foto: Especial
- La Suprema Corte discutirá medidas sobre hospedaje eventual mientras el sector alerta por afectaciones a miles de familias.
Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá las normas que regulan las Estancias Turísticas Eventuales (ETEs) en la Ciudad de México. Ante esto, la Asociación Mexicana de Viviendas Turísticas (AMVITUR) advirtió que mantener restricciones severas genera incertidumbre jurídica y frena la economía de miles de familias y pequeños comercios.
El organismo señaló que limitar la ocupación al 50% de las noches al año no soluciona el problema de la vivienda. Sean Cázares Ahearne, director general de AMVITUR, afirmó que el sector apoya la regulación, pero insistió en que las normas deben ser técnicas, alcanzables y orientadas a dar certeza en lugar de bloquear una actividad económica legítima.
El impacto del turismo en el país es significativo: representa el 8.7% de la economía nacional y genera el 7.4% de los empleos. En este ecosistema, las viviendas turísticas aportan alrededor de 133 mil millones de pesos al PIB turístico. Además, sustentan el sustento de 160 mil familias que trabajan en administración, limpieza, mantenimiento y transporte local.
Actualmente existen cerca de 25,759 viviendas turísticas activas en la capital, lo que representa solo el 0.8% del total habitacional. En contraste, la ciudad registra más de 207 mil inmuebles deshabitados (7%). AMVITUR indicó que el alza de rentas responde a la falta de construcción y a inmuebles vacíos, no solo a la oferta turística.
A las restricciones de ocupación se suman trabas administrativas. A partir del cuarto inmueble registrado, las autoridades exigen una clave mercantil, pero el sistema SIAPEM carece de un rubro específico para este tipo de hospedaje. Esto deja desprotegidos a los operadores que intentan cumplir con la ley pero no encuentran un canal adecuado.
AMVITUR pidió a la SCJN y a las autoridades corregir estas contradicciones antes de afectar la competitividad de la capital. La asociación reafirmó que supervisar la seguridad y garantizar la convivencia vecinal es posible sin destruir empleos. Corregir una regulación que dificulta el cumplimiento es la vía para gobernar con mejores resultados.
