Preocupa a la SIP nueva ley de inteligencia en Ecuador por su impacto en la libertad de prensa

Miami, Florida.– La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su preocupación por la Ley Orgánica de Inteligencia aprobada recientemente en Ecuador, al considerar que representa un riesgo para la libertad de prensa, el derecho a la información y la protección de las fuentes periodísticas.

La normativa, compuesta por 58 artículos, fue sancionada el pasado 10 de junio por la Asamblea Nacional y promulgada por el presidente Daniel Noboa. Aunque el gobierno la presentó como un mecanismo para fortalecer la seguridad nacional, organizaciones de defensa de derechos expresaron inquietud por las facultades que otorga para intervenir comunicaciones sin orden judicial y obtener datos de usuarios por parte de operadoras de telecomunicaciones.

El artículo 51 de la nueva ley obliga a los prestadores de servicios de telecomunicaciones a proporcionar información técnica y de localización en tiempo real e histórica, además de datos personales de los abonados. La legislación establece la creación del Sistema Nacional de Inteligencia (SNI), que dependerá directamente del Ejecutivo y contará con integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) advirtió que la ley abre la puerta a un uso político de la vigilancia estatal, sin controles judiciales ni mecanismos de transparencia, lo que podría vulnerar la privacidad de la ciudadanía y restringir el trabajo periodístico.

José Roberto Dutriz, presidente de la SIP y director general de La Prensa Gráfica de El Salvador, señaló que “el impacto potencial de esta legislación sobre el periodismo nos preocupa profundamente”, y calificó como “alarmante” la amenaza que representa para la privacidad y la protección de fuentes.

Por su parte, Martha Ramos, directora general editorial de Organización Editorial Mexicana (OEM) y presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, indicó que la norma “podría abrir la puerta a represalias contra quienes critican al gobierno o se dedican a investigaciones de alto impacto”. Añadió que la transparencia y la rendición de cuentas son pilares del periodismo independiente y que cualquier intento por restringirlas debilita la democracia.

La Declaración de Salta II, actualizada por la SIP en octubre de 2024, establece que los mecanismos de vigilancia digital deben operar bajo debido proceso, con supervisión judicial y dentro del marco de los derechos humanos. La vigilancia masiva, señala el documento, no es aceptable bajo ningún criterio.

En marzo de 2024, el presidente Noboa firmó las declaraciones de Chapultepec y Salta, comprometiéndose públicamente a respetar las libertades de prensa y expresión. La SIP recordó este compromiso ante el contexto generado por la nueva legislación.