Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó, con 384 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, la minuta enviada por el Senado de la República por la que se reforma la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para eliminar cualquier práctica discriminatoria en la Administración Pública Federal.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Rogerio Castro Vázquez (Morena) presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, destacó que el objeto de la reforma es contrarrestar las prácticas discriminatorias que aún persisten en nuestro país dentro del ámbito laboral, en razón de la orientación sexual e identidad de género, y en el caso particular, de la administración pública.

Agregó que a pesar del amplio marco jurídico y la existencia de organismos especializados en la lucha contra la discriminación y el respeto de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, la administración pública sigue masculinizada, al grado de que el 20 por ciento de las mujeres en ocupación laboral sufre violencia.

Castro Vázquez mencionó que 3.8 millones de mujeres declararon haber sufrido algún tipo de incidente, y el grupo de edad de 35 a 44 años registra la mayor proporción de este tipo de agresión.

“La violencia en el ámbito laboral se da en dos sentidos. La discriminación y el acoso, pero es la discriminación el de más alto porcentaje”, dijo.

Refirió que otro concepto importante es la lucha por incluir el concepto de igualdad entre hombres y mujeres de la Carta de las Naciones Unidas, firmada en 1945. “Con esta propuesta se contribuye al fortalecimiento del trato igualitario entre hombres y mujeres, en concordancia con el artículo 5 de la Ley General para la Igualdad Entre Hombres y Mujeres”.

Por ello, señaló, a través de estas adecuaciones y precisiones en la legislación se dará certeza de lo dispuesto en la Constitución Política y en los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano.

Por el Verde Ecologista, Sharon María Teresa Cuenca Ayala subrayó la disposición de su bancada para generar políticas públicas que aseguren puentes de comunicación que privilegien los derechos humanos, y se respete en México la igualdad y la no discriminación.

En este sentido “estamos a favor de llevar a su mayor aplicación lo dispuesto en la Carta Magna y los diversos tratados internacionales, que prohíben toda discriminación por origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, sexualidad, opinión, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana”.

Representando al PRD, el diputado Rafael Hernández Soriano sostuvo que esta enmienda no se trata sólo de un avance en el respeto a los derechos humanos, sino que se volverá una pieza legislativa más del Sistema Nacional Anticorrupción.

Subrayó que la igualdad y la no discriminación constituyen principios indispensables en la Constitución Política para ejercer los derechos que ahí se reconocen. A su vez, éstos -enfatizó el diputado-, deben ser promovidos, respetados, protegidos y garantizados por todas las autoridades públicas, mandato también estipulado en nuestra Ley Máxima.

De Acción Nacional, la legisladora Emma Margarita Alemán Olvera reconoció que en el país se han dado grandes avances en el reconocimiento de los derechos de la mujer; empero, “aun así, se vislumbran grandes rezagos”.

En la administración pública –abundó-, sigue habiendo un predominio masculino, situación que tiene como consecuencia la prevalencia de la discriminación laboral dentro de las dependencias gubernamentales contra ellas. “Esta es sólo una de las tantas manifestaciones de discriminación, ejemplo del lastre que arrastramos y que, como sociedad, debemos combatir”, sostuvo.

La diputada del Revolucionario Institucional, Susana Osorno Belmont, consideró que esta reforma fungirá como brújula para encontrar a las y los funcionarios que se requieren en la administración pública, además de fortalecer en el Estado mexicano los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación.

En este contexto, también opinó que el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados, viene a robustecer el andamiaje de transparencia y combate a la corrupción, “pilares fundamentales para el entendimiento y funcionamiento de la democracia institucional”.

A favor del dictamen, Alicia Barrientos Pantoja (Morena) subrayó que la enmienda a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, “había tardado varios años en llegar”. Pese al avance, precisó que los congresos locales también deben hacer lo correspondiente para que todas las administraciones públicas contemplen los conceptos de igualdad y no discriminación.

El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra (Morena) apoyó el dictamen y dijo que actualmente, 31 entidades federativas cuentan con una Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. “Son varios avances alcanzados, pero es sin duda un camino aún inacabado.

La observación general del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales precisa que existe discriminación sistémica cuando esta es omnipresente, fuertemente arraigada en el comportamiento y organización de la sociedad. Este tipo de discriminación genera desventajas comparativas para algunos grupos y privilegios para otros.

La diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (MC) destacó que en el ámbito del Sistema Nacional Anticorrupción, que es una agenda pendiente de la legislatura, se tendrá que expedir una nueva Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cuyo objetivo central debe ser el combate a la corrupción y a la impunidad en todos los niveles.

“Pero también deberemos garantizar el respeto y no discriminación en materia de derechos humanos. Refrendamos nuestro compromiso de legislar en favor de la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la no discriminación, las mexicanas y los mexicanos nos lo demandan”, concluyó.

Soralla Bañuelos de la Torre (NA) indicó que lo que se busca con esta enmienda, es eliminar la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones en las instituciones públicas y gubernamentales del país, y el primer paso es armonizar en la normatividad de los servidores públicos, los criterios que permitan garantizar los derechos humanos y la no discriminación en materia laboral.

La discriminación, aseveró, tiene efectos sociales y personales muy hondos sobre cada individuo y que esto propicia segregación social. Por ello, la imperante necesidad de contrarrestar toda práctica discriminatoria comenzando desde el ámbito público.

Hugo Eric Flores Cervantes (PES) indicó que en México, cinco de cada 10 profesionistas han sido víctimas de discriminación laboral: 28 por ciento por la edad, 27 por ciento por la apariencia física y 14 por ciento por la condición socioeconómica.

Esta reforma, afirmó, servirá para atacar este tipo de problemáticas. “Hemos dado el primer paso para que todo tipo de discriminaciones sean erradicadas no solamente mediante la ley, sino en la vida pública del país”.

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