- Las ciberestafas superan por primera vez al fraude físico, impulsadas por inteligencia artificial, suplantaciones digitales y vacíos regulatorios.
Ciudad de México.- La transformación digital del sistema financiero en América Latina, acelerada por la pandemia y la popularización de los pagos móviles, ha traído consigo una amenaza creciente: el fraude bancario digital. Aunque ha facilitado el acceso a servicios y productos financieros, también ha abierto la puerta a una ola de estafas cibernéticas que, solo en 2024, dejaron pérdidas millonarias y afectaron gravemente la confianza de los usuarios.
En este contexto, México se posiciona como uno de los países más vulnerables de la región. El crecimiento del uso de plataformas bancarias en línea y pagos en tiempo real ha sido acompañado por un alarmante aumento de delitos cibernéticos. Según datos de la firma Único México, los casos de robo de identidad en el país aumentaron 84% en un solo año, mientras que el 63% de las grandes empresas mexicanas registraron intentos de infiltración fraudulenta.
Uno de los hallazgos más inquietantes es la sofisticación de las técnicas utilizadas por los ciberdelincuentes. El uso de inteligencia artificial generativa, como deepfakes o manipulación de voz (deepvoice), ha elevado el nivel de engaño, haciendo que incluso usuarios precavidos sean víctimas de fraudes. En 2024, se detectaron más de 697 millones de intentos de phishing en América Latina, lo que equivale a más de 1,300 intentos por minuto.
Un análisis de la Organización de los Estados Americanos (OEA) identificó al phishing por correo electrónico como el método más utilizado (49.7%), seguido por el smishing (24.2%) y llamadas fraudulentas (24.8%). Estas tácticas no solo amenazan los recursos económicos de las personas, sino también su información personal más sensible.
En el plano económico, el impacto es considerable. Un estudio global indica que el costo real de una transacción fraudulenta en el sector financiero latinoamericano puede alcanzar hasta 4.59 veces el monto robado, al incluir gastos operativos, legales y de recuperación. En México, ese costo se estima en 4.08 pesos por cada peso perdido, lo que refleja una carga desproporcionada para las instituciones y los usuarios.
La percepción de seguridad también se ha visto afectada. Una encuesta de la firma FICO muestra que la confianza de los mexicanos en los pagos digitales en tiempo real cayó del 72% en 2023 al 63% en 2024, aunque aún por encima del promedio global. A pesar de ello, el uso de esta modalidad sigue en ascenso: 45% de los usuarios planea aumentar su frecuencia de uso en el próximo año.
No obstante, las expectativas de los consumidores frente a las entidades financieras han cambiado. El 43% considera que los bancos deberían reembolsar siempre a las víctimas de fraudes, y el 15% afirma estar dispuesto a cambiar de institución si no recibe una atención adecuada.
Ante esta situación, se discuten en México reformas regulatorias para obligar a los bancos a asumir parte de los fraudes, como ya ocurre en Colombia y Chile. También se contempla la creación de plataformas colaborativas de información entre instituciones para detectar amenazas en tiempo real.
La lucha contra el fraude digital exige una respuesta integral que combine tecnología avanzada, educación financiera y regulaciones actualizadas. Para los usuarios, la defensa no solo está en los filtros de seguridad, sino también en recibir información clara y oportuna que les permita identificar y evitar los riesgos. En un ecosistema cada vez más digitalizado, la confianza es el activo más frágil, y también el más valioso.