- Durante un conversatorio en el Senado, representantes de medios comunitarios demandaron ajustes a la Ley de Telecomunicaciones para eliminar trabas legales y asegurar su derecho a comunicar.
Ciudad de México.– Representantes y especialistas en medios comunitarios, indígenas y afromexicanos participaron en la segunda mesa del cuarto conversatorio sobre la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, donde expusieron ante senadores los retos que enfrentan y propusieron modificaciones normativas para garantizar su operación, sostenibilidad y reconocimiento legal.
Durante la mesa titulada “El servicio público de radiodifusión”, organizada por las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía; de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, se abordaron temas como el tipo de concesiones —comercial, social, pública, comunitaria, indígena y afromexicana— y la estructura del órgano regulador del espectro radioeléctrico.
Mariana Karina Patrón Hernández, del Comité Nacional de Radios Comunitarias, Indígenas y Afromexicanas, propuso “reimaginar” el servicio público de radiodifusión indígena con un enfoque interseccional, feminista y comunitario. Exigió que se reconozca en la ley a los comunicadores de estos sectores y se cree un fondo compensatorio.
Jaime Guillermo Lozano Robledo, del Comité Nacional Permanente de Peritos en Telecomunicaciones, pidió establecer lineamientos claros para acreditar a peritos en radiodifusión y mantener los comités técnicos especializados.
Elizabeth Sosa Hernández, de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, destacó que la iniciativa busca evitar la concentración de espectro en medios sociales. Reconoció el papel de las radios comunitarias y planteó simplificar los trámites administrativos.
Desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes propuso que las concesiones sociales indígenas y afromexicanas se consideren bajo el carácter de “sujeto de derecho público”, para evitar requisitos que las equiparen a asociaciones civiles.
Elfego Riveros Hernández, de la Asociación Veracruzana de Comunicadores Populares, advirtió que sólo existen 250 concesiones para medios indígenas, comunitarios y afromexicanos, y que muchos enfrentan precariedad, burocracia excesiva y sanciones injustificadas.
Aleida Calleja Gutiérrez, de OBSERVACOM, señaló la necesidad de preservar la independencia del nuevo órgano regulador frente a intereses comerciales o políticos, para no perder los avances logrados con el IFT.
En la ronda de participación de senadores, Beatriz Mojica Morga (Morena) celebró que por primera vez la ley reconozca a estos sectores, mientras Carolina Viggiano Austria (PRI) advirtió sobre los riesgos de entregar concesiones comerciales al gobierno y cuestionó la posible injerencia del narcotráfico en radios indígenas.
Ricardo Anaya Cortés (PAN) criticó la pérdida de autonomía del nuevo órgano regulador, al tiempo que Manuel Huerta Ladrón de Guevara (Morena) instó a que los espectros comerciales y públicos reserven espacios para comunidades indígenas, aun en zonas urbanas donde no se hable una lengua originaria.