Toluca, Estado de México.- Por opacidad del ayuntamiento de Nicolás Romero, en brindar información respecto a sus laudos laborales y precisar las razones por las que carece de los recursos financieros para su cumplimiento, Rigoberto Vargas Cervantes, coordinador del grupo parlamentario de Nueva Alianza, impugnó el artículo primero del proyec

to de dictamen por el cuál el ayuntamiento de Nicolas Romero, podrá enajenar bienes inmuebles.

La impugnación al artículo primero del proyecto de dictamen, fue presentada ante el pleno de la LXI legislatura por el diputado y líder de la bancada de Nueva Alianza, Rigoberto Vargas Cervantes.

Al fijar postura, Vargas Cervantes, puntualizó que la impugnación obedece debido a que en las reuniones de comisión faltó información para revisar a profundidad las causas por las que el Ayuntamiento de Nicolás Romero, se hizo de adeudos al tiempo de carecer con los fondos para cumplir con la obligación de pago dictadas dentro del expediente 1464/2006, tramitado ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.

Al respetar el derecho que la ley les brinda a los ayuntamientos para desincorporar o enajenar bienes muebles e inmuebles que conforman su patrimonio, Rigoberto Vargas Cervantes, rechazó que la legislatura se convierta sólo en una oficialía de partes.

Por tal motivo, se pronunció a favor por que el producto de la enajenación se destine para el pago de laudos, «pero estamos en contra de que los municipios sigan acumulando pasivos laborales por el despido injustificado de trabajadores y el mal manejo de los juicios laborales», aclaró.

Ejemplo de lo anterior y de acuerdo a lo expuesto por el legislador mexiquense, es el expediente número 1547/ 2003, tramitado y promovido en la sala auxiliar de Tlanepantla por Agustín Olivares Balderas en el que se dictó auto de requerimiento de pago o embargó contra el ayuntamiento de Nicolas Romero, por el montó de 40 millones 456 mil 618 pesos.

Bajo éste orden de ideas, Vargas Cervantes, expresó que ante la aparente falta de recursos económicos de parte del Ayuntamiento de Nicolas Romero para cumplir con el ordenamiento judicial, se dejó pasar la oportunidad para observar y señalar las razones que dieron origen a la falta de recursos económicos, así como las causas y motivos por las que el trabajador fue despedido.

«Por estas razones estamos en contra e impugnamos el artículo primero mediante el cuál se autoriza la desincorporación del patrimonio del ayuntamiento de Nicolás Romero», concluyó.

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