La pandemia de COVID-19 ha agudizado estas situaciones. Las audiencias se han suspendido hasta nuevo aviso. Mucha de esta población se encuentra hacinada en los espacios donde viven. La atención médica es escasa.

Ciudad de México.- A dos años de la entrada en vigor del Protocolo “Quédate en México”, que obligaba a solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar la resolución de sus casos en territorio mexicano. Del 29 de enero de 2019 a diciembre de 2020, 70 mil 454 personas, se estima que 42 por ciento son mujeres y 33 por ciento niñas y niños, fueron devueltas a los estados del norte de México.

En la frontera norte de nuestro país hay familias, niñez y mujeres embarazadas que llevan viviendo más de 650 días con miedo, en campamentos improvisados, porque el gobierno mexicano acordó recibirles pero no les ha apoyado mientras esperan sus audiencias en Estados Unidos. La niñez vive con ansiedad, estrés, estado de alerta permanente y temor. No podemos permitir que una política migratoria cause esos estragos en las niñas y los niños, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio, son niñas y niños.

La pandemia de COVID-19 ha agudizado estas situaciones. Las audiencias se han suspendido hasta nuevo aviso. Mucha de esta población se encuentra hacinada en los espacios donde viven. La atención médica es escasa.

El 20 de enero de 2021, el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva para ponerle fin, ya que atenta contra la dignidad humana y el debido proceso para solicitantes de protección internacional. Un paso importante pero no el único ni el que revertirá los impactos en la vida de miles de familias bajo «Quédate en México» que son secuestradas, violentadas e intimidadas. Ahora, le toca al gobierno mexicano colaborar para revertir esa política y facilitar la información y el apoyo humanitario para que las personas con casos abiertos puedan llegar a sus citas y entrar a Estados Unidos para continuar con sus procesos legales. En tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a pronunciarse en contra de la participación del Estado mexicano en políticas migratorias y de asilo inhumanas, degradantes y contrarias a nuestra Constitución y política migratoria. Tenemos, tienen la oportunidad de hacerlo mejor.

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