- Autoridades del Estado de México intervinieron el penal de Neza Bordo tras comprobar actos de corrupción encabezados por mandos penitenciarios, quienes permitían extorsiones y abusos contra los internos.
Nezahualcóyotl, Estado de México.- Una red de corrupción, extorsión y enriquecimiento ilícito fue desmantelada al interior del Centro Preventivo y de Readaptación Social Neza Bordo, ubicado en el oriente del Estado de México, luego de que la Subsecretaría de Control Penitenciario, dependiente de la Secretaría de Seguridad estatal (SS), recibiera múltiples denuncias por abusos cometidos contra Personas Privadas de la Libertad (PPL) y sus familiares.
El 28 de abril de 2025, el subsecretario del Sistema Penitenciario, Víctor Manuel Martínez Mendoza, ordenó el relevo inmediato de la entonces directora Verónica Jiménez Moreno y del comandante Miguel Ángel Ojeda, luego de que se confirmara su presunta participación en un esquema de extorsiones sistemáticas al interior del penal.
De acuerdo con la investigación interna, la red obtenía ingresos mediante prácticas ilegales como la grabación y tortura de internos, cuyos videos eran enviados a sus familiares para exigir transferencias bancarias. También se detectaron cobros de entre 30 y 50 pesos a familiares para permitir el ingreso de alimentos, ropa o productos de higiene, así como la venta de agua dentro del penal a 20 pesos por bote, lo que representaba un negocio ilegal que habría generado hasta medio millón de pesos semanales en ganancias.
Ante esta situación, la Secretaría de Seguridad designó como nueva directora a Merly Ingrid Cuéllar Romero, quien había logrado una gestión reconocida en el penal de Texcoco. Su nombramiento se acompañó de un nuevo equipo directivo compuesto por Lourdes Jazmín Vergara Caballero, José Luis Díaz Silva e Israel Basurto.
Desde su llegada, el equipo directivo implementó una política de “cero corrupción”, eliminando los cobros ilegales y garantizando el acceso a servicios básicos sin costo. Esto ha generado resistencia entre algunos grupos internos, lo que ha derivado en la circulación de falsas versiones sobre presuntos motines, los cuales han sido descartados por las autoridades.
La intervención busca restablecer el orden y la legalidad en uno de los penales más conflictivos de la entidad, donde ya se comienzan a notar cambios significativos, según fuentes oficiales.
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