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Llaman perredistas a evitar desde la constitución CDMX abusos de inmobiliarias

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Ciudad de México.- El desarrollo urbano de la capital no puede continuar por la ruta mercantilista ni el uso del suelo regirse por los vaivenes del mercado inmobiliario, señaló el presidente del PRD en la Ciudad de México (PRD-CDMX), Raúl Flores.

El líder perredista llamó a generar desde la nueva Constitución capitalina las condiciones de transparencia absoluta que acaben con la opacidad de la que se han beneficiado grandes corporativos inmobiliarios, como Grupo Dhanos que patrocina a los candidatos de Morena al Constituyente y que lleva a su representante, Elvira Daniel en el lugar 15 de dicha lista.

Durante la presentación de las propuestas del PRD rumbo a la elección de la Asamblea Constituyente para lograr un desarrollo urbano incluyente y sustentable en la Ciudad de México, Raúl Flores dijo que uno de los retos del Sol Azteca es resolver desde la Constitución el desorden administrativo y los actos de corrupción derivados de la imposición a rajatabla del Bando Dos por parte de Andrés Manuel López Obrador cuando fue Jefe de Gobierno.

El dirigente local recordó que producto del proceso perverso de gentrificación, desde 2010 a la fecha la Ciudad de México ha expulsado a por lo menos 500 mil habitantes hacia el Estado de México por falta de vivienda popular, pues los terrenos disponibles han sido acaparados a precios de interés social por los “cárteles de la vivienda”, para luego ser vendidos como departamentos y condominios de lujo a precios estratosféricos.

El también integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano de la Asamblea Legislativa (ALDF) pidió a sus candidatos construir desde la Constitución un entramado jurídico que haga fuerte a las instituciones, que dé certeza a los compradores y que castigue con medidas como la aplicación de “extinción de dominio” los abusos de las compañías depredadoras, “lo que no se va a resolver con la creación de figuras absurdas como la del instituto del uso del suelo que alguien se atrevió a proponer”.

Enrique Provencio Durazo, candidato externo al Constituyente, al presentar las propuestas en materia de desarrollo urbano, dijo que se debe anteponer una visión de futuro de la ciudad sustentable amigable y habitable, que privilegie los espacios públicos y las formas colectivas de convivencia; el uso equitativo de recursos naturales como el agua y los servicios que presta el Gobierno para alcanzar lo que llamó la “sustentabilidad urbana”, y que priorice el principio de ordenamiento territorial sobre la especulación.

Desde la sede del PRD capitalino, llamó a proteger el suelo de conservación como espacio vital para frenar la expansión de los asentamientos humanos, pero instó a instrumentar mecanismos que hagan compatible la expansión natural de la metrópoli -e incluso de la Megalópolis- con el desarrollo económico y social de sus habitantes, que incluyan mejoras en el transporte público y creación de corredores educativos y laborales locales para evitar pérdida de tiempo en el desplazamiento de la gente hacia sus escuelas y centros de trabajo.

Dijo que en la Constitución debe incluir políticas y programas de ordenamiento flexibles y ágiles y que todas las políticas de desarrollo sean evaluadas por un organismo autónomo para propiciar su adecuado seguimiento y control. También se manifestó por aclarar cuál será la asignación de atribuciones en cuanto a la autorización de uso de suelo entre el Gobierno de la ciudad y las futuras alcaldías. De igual forma llamó a crear un consejo de gabinete para la aprobación de usos y evitar la discrecionalidad.

Antonio Azuela, doctor en estudios urbanos y regionales de la UNAM afirmó que hay que asumir que la Ciudad de México ya no puede tener un crecimiento horizontal sino vertical, que tendrá que reciclar espacios ya existentes, por lo que si queremos una ciudad amigable, compacta y diversa hay que saber aprovechar los elementos naturales existentes, en donde el espacio edificable es limitado.

Jorge Alcocer, especialista en temas de desarrollo urbano por la Universidad Iberoamericana, llamó a construir un modelo policéntrico de la capital que reconozca las necesidades particulares de cada zona para desarrollar oportunidades de educación y de trabajo propias, pero con un marco de sustentabilidad que regule las necesidades de vivienda de la población y los requerimientos propios del desarrollo inmobiliario.

Enrique Vargas, secretario general del PRD-CDMX, dijo que es necesario construir los acuerdos necesarios entre los actores involucrados, pues por un lado están los empresarios que tienen derecho de invertir en una ciudad que los necesita para poder desarrollarse, y por el otro el Gobierno, que requiere dotar de vivienda digna a la gente de más bajo recursos.

El diputado local Víctor Hugo Romo señaló que el futuro de la Ciudad de México debe partir de un modelo local o barrial donde existan dinámicas de empleo, comercio y sustentabilidad que eviten las ciudades dormitorio y los grandes traslados de oriente a poniente para ir a trabajar. Dijo que el crecimiento de las urbes debe verse bajo un esquema de sustentabilidad y legalidad, por lo que se requiere evitar la violación del uso de suelo y establecer mecanismos de participación ciudadana y transparencia.

Romo Guerra apuntó que el modelo de desarrollo de la Ciudad de México no debe estar supeditado a cuestiones mercantiles, pues “no es posible que el precio del suelo se eleve tanto de una calle otra -incluso en dólares-, como es el caso de Polanco”.

En dicho foro, Miguel Ángel Velázquez y Lol Kin Castañeda, candidatos externos del PRD al Constituyente, coincidieron en construir un modelo de desarrollo urbano que reconozca las necesidades de las personas a una vivienda digna y que incluya construcciones acordes a los requerimientos de las personas con discapacidad, con servicios urbanos óptimos que garanticen el derecho al disfrute pleno y digno de la ciudad, pero que a la vez evite los abusos de los desarrolladores inmobiliarios, a quienes no se les han puesto límites y cuyas prácticas depredadoras han incrementado las desigualdades económicas entre la población.