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El TEPJF presentó el protocolo para prevenir la violencia política contra las mujeres y promover la igualdad de género

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El Protocolo servirá de guía para orientar una adecuada atención de la violencia política contra las mujeres.

Ciudad de México.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) presentó el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres que, ante la ausencia de un marco legal, define líneas básicas de acción para resguardar la integridad de las mujeres que sean candidatas a cualquier cargo de elección popular y garantizar la prevención de conductas que pudieran constituir hechos trasgresores de sus derechos políticos.

En este proyecto también participan el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra).

Constancio Carrasco Daza, magistrado presidente de la Sala Superior del TEPJF aseguró que el Protocolo no sólo constituye un documento normativo de insuperable mérito por su composición sustantiva y la distribución de responsabilidades entre las instituciones. Agregó que el Protocolo también servirá de guía para orientar las acciones que pueden seguir las mujeres ante los actos que se identifiquen como violencia política.

“Se trata de un arduo desafío, ya que las agresiones contra las mujeres no se reducen a aquellas que se ejercen de forma directa,  sino que existe otra manera velada, escondida en los micromachismos, en el lenguaje, en el humor, como justificación de la discriminación y en la excusa que brinda el argumento de la costumbre”, dijo.

Detalló que el Protocolo será pieza clave para el correcto desempeño de las elecciones que se realizarán este 2016, y permitirá paliar las omisiones normativas, más no suplirlas, ya que es preciso generar un marco legal susceptible de identificar en la heterogeneidad social.

El  Protocolo resalta el problema de atipicidad de la violencia de género en el ámbito político y hace manifiesto el reto que se impone en su desarrollo penal, en el cual, habrán de identificarse cuáles son los rasgos o características que revelan las conductas que deben ser objeto de regulación, a través de una tipificación normativa.

Asimismo, Carrasco Daza afirmó que hoy en México contamos con una Constitución que ya reconoce la igualdad de género y castiga el feminicidio,  tenemos leyes generales y secundarias en tránsito y hemos recogido los principios del sistema interamericano. Empero, nada de eso será suficiente si no encontramos eco en la dinámica social y no somos capaces de llevar a cabo la transformación social que exige la democracia.

Por su parte, la magistrada María del Carmen Alanis Figueroa indicó que no se puede dejar de advertir que este instrumento responde a una realidad, en la que las mujeres se enfrentan a estructuras que obstaculizan el ejercicio de los derechos políticos en condiciones de igualdad.

“Existen 38 casos documentados por la Fepade en los procesos electorales celebrados en 2015, y son muy pocos, porque no están denunciados formalmente todos los casos, faltan los que no se denunciaron o los que simplemente tampoco fueron percibidos por las autoridades, como casos de violencia política de género”, puntualizó.

Expuso que son cuatro las acciones a seguir del Protocolo: usarlo desde todos los ámbitos como una herramienta para identificar cada caso y prevenir esta violencia; garantizar que el esfuerzo llegue a todas las entidades federativas en todos los niveles; estar todas y todos atentos para identificar los casos; así como capacitar a las mujeres para la denuncia y para que sean multiplicadoras del Protocolo.

Es un protocolo que se pone a disposición de todas las mujeres en su justa oportunidad

Marcela Eternod Arámburu, secretaria ejecutiva de Inmujeres, indicó que el Procotolo presentado se pone a disposición de las mujeres en su justa oportunidad, ya que este año se puede implementar en la mayoría de los estados que celebrarán elecciones constitucionales.

“Esperamos que sea un instrumento sancionador para cualquiera que quiera ir en contra de las mujeres y evite su incorporación en los espacios de toma de decisiones”, dijo.

Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), confirmó que la institución tiene registro de 38 casos de violencia política de género; aunque los casos más significativos, por la cantidad, se ubican en Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

“Se ha pensado que el esfuerzo esté encaminado a la transición del sistema penal tradicional al acusatorio. Se requiere en el ámbito administrativo electoral la protección de los derechos y se combatan las prácticas discriminatorias”, indicó.

En tanto, Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral refrendó el compromiso de las y los consejeros electorales del INE, para combatir y erradicar la violencia política contra las mujeres.

“A nombre de las consejeras y los consejeros que integramos el Consejo General del INE, me comprometo a que el Protocolo deje de ser una mera guía de actuación y se consolide como la base normativa de una serie de acciones concretas que materialicen, más allá de la mera retórica, mecanismos específicos para procesar y combatir los casos de violencia política contra las mujeres”, expresó.

Lorenzo Córdova llamó a autoridades electorales locales e instituciones a ejecutar el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres durante los procesos electorales que se encuentran en curso en 13 estados de la República y la Ciudad de México, “para que las mujeres puedan defender sus derechos y competir por las candidaturas con la igualdad establecida en la Constitución”.

A la presentación del Protocolo, realizado en el Auditorio José Luis de la Peza del TEPJF, asistieron Adrián Franco, comisionado de la CEAV, Sara Irene Herrerías, jefa de unidad de la Defensa de los Derechos Humanos de la Segob, y Katya Nallely Vera Morales, directora general adjunta de la Unidad de Género de la Conavim, así como representantes de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos de las mujeres.