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Régimen penitenciario requiere espacios dignos y adecuados: CNDH

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Diputados reciben Informe Especial sobre Centros de Reclusión de Baja Capacidad

Ciudad de México.- El Pleno conoció de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el Informe Especial sobre los Centros de Reclusión de Baja Capacidad en la República Mexicana, que plantea a la y los gobernadores, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y al Comisionado Nacional de Seguridad, consideren las especificaciones nacionales e internacionales para el diseño, construcción y/o adecuación de esta infraestructura.

Destaca que el régimen penitenciario requiere de espacios dignos y adecuados para el desarrollo de actividades a las que deben acceder las personas privadas de la libertad.

El documento enviado a la Comisión de Derechos Humanos, precisa que en diciembre de 2017 el sistema penitenciario albergaba 204 mil 617 personas distribuidas en 358 establecimientos, y de esta población, 13 mil 177 estaban en mil 94 centros con capacidad menor a 250 espacios.

Estos centros de baja capacidad, específica, dependen de las autoridades estatales, no cuentan en su mayoría con una configuración para desarrollar un buen régimen penitenciario, y 48 de ellos tienen problemas de sobrepoblación.

Por ello, la CNDH pide desarrollar obras de infraestructura que garanticen la clasificación de la población penitenciaria, cuenten con una estancia digna, atención a la salud, educación, deporte, trabajo y capacitación laboral, seguridad, así como favorecer la vinculación con su entorno familiar y social y coadyuvar a una mejor reinserción social.

También, sugiere realizar las mismas mejoras en los centros de baja capacidad para la atención de mujeres y programas acorde a sus necesidades, con criterios de protección a sus derechos humanos y de sus menores hijas e hijos; principios de progresividad, universalidad e indivisibilidad, de conformidad con los estándares internacionales.

Asimismo, acciones efectivas para aumentar la capacidad de esos centros, de acuerdo a las exigencias que emanan del artículo 18 Constitucional, considerando para ello los criterios que se derivan de las “Reglas Mandela”, y los estándares nacionales e internacionales, las buenas prácticas y los resultados de los estudios desarrollados en la materia.

Finalmente, propone dotar a las áreas encargadas del sistema penitenciario de los recursos financieros indispensables, a efecto de que realicen las acciones tendentes a materializar y mantener los centros penitenciarios de baja capacidad, con base en lo establecido en el artículo 18 constitucional y las “Reglas Mandela”.