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Para lograr automatizar los procesos para obtener información pública en tiempo real se debe explotar el uso de las tecnologías

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Al continuar los trabajos del Observatorio Participación Ciudadana y Cultura de la Transparencia y la Legalidad. E-lecciones en tiempos de internet, los especialistas señalaron que es tiempo de que se dé un paso más para concretar el gobierno abierto

Especialistas en materia de justicia y gobierno abierto expresaron que el uso de las nuevas tecnologías es fundamental para que se logre un avance más efectivo en el acceso a la información y a la transparencia por parte de las instituciones gubernamentales, a fin de que los ciudadanos puedan conocer a fondo dicha información y, con ello, tomar decisiones informadas.

La coordinadora del Laboratorio de Gobernanza de la Universidad de Nueva York, Dinorah Cantú Pedraza, aseguró que es importante que se explote al máximo el uso de las tecnologías, para lograr automatizar los procesos para la obtención de la información pública en tiempo real.

Al participar en el Observatorio: Participación Ciudadana y Cultura de la Transparencia y la Legalidad. E-lecciones en tiempos de internet, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), indicó que las instituciones actuales siguen operando mecanismos de acceso a la información con modelos que se diseñaron hace mucho tiempo, cuando el método de comunicación era la imprenta, el cual cambió totalmente.

“El potencial es la tecnología. Cuando decimos tecnología, ¿qué es? Bueno, es capacidad de procesar información, de analizar información que antes no teníamos. Así, está el tema de automatizar procesos en ese sentido, de generar redes, de tener un alcance instantáneo mucho más rápido y en ese sentido está la inmediatez, tener acceso, información a tiempo real”, sostuvo.

Por su parte, la directora de Investigación y Políticas de la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos, Silvana Fumega, señaló que la problemática actual, más allá del lanzamiento de la alianza para el gobierno abierto, se centra en implementación del componente tecnológico que.

“En este sentido es que se incluye esta idea de los datos abiertos que, en líneas generales, son los datos el componente mínimo con el cual se puede llegar a formar o a obtener información, y de ahí es que se obtiene más conocimiento. Por ello, el componente mínimo de la información es tener un formato que no tenga ningún tipo de restricción para que pueda ser utilizado, reutilizado y distribuido sin ningún tipo de barrera tecnológica o legal”, subrayó durante su intervención en la mesa 2 Datos abiertos: tecnología para la accesibilidad a la justicia abierta. Experiencias comparadas.

En su turno, el politólogo y profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Eric Magar, comentó que el acceso a la información y la transparencia constan de tres niveles: el primero es básicamente la existencia de datos abiertos; el segundo es la replicabilidad de las decisiones públicas; y el tercero es la participación ciudadana en este proceso.

Finalmente, la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra, señaló que la gran tarea que tiene este órgano es que el servicio público rinda cuentas, atiendan las necesidades de las personas y se ponga al centro al ciudadano, para lo cual se ha pasado ya de una transparencia reactiva a impulsar una política pública de transparencia proactiva, a partir de potenciar la tecnología, para que se pueda procesar y analizar la información.

En este tenor, recordó que en México la política pública en materia de gobierno abierto inició desde el 2011, que permitió la interacción de la sociedad civil con los órganos del Estado, por lo que a partir de ese momento surgen una serie de acciones de distintos órganos de gobierno de los tres poderes de la unión para concretar dicho objetivo.

De esta manera, y siguiendo la métrica del gobierno abierto, desde el año 2017, en coordinación con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), se impulsó un programa que fundamentalmente tiene como objetivo medir cuánto puede conocer un ciudadano de lo que hace el gobierno y cuánto puede incidir en la toma de sus decisiones, partiendo del principio de que “un ciudadano bien informado es un ciudadano empoderado”.